Se considera que el derecho a informar y ser informado libremente no sólo es un derecho de raigambre constitucional, sino un derecho humano fundamental según pactos internacionales, un derecho humano “difuso”, y cualquier ataque a quien lo ejerza, por causar precedente, tiene una incidencia colectiva que obliga a todos los piratas a intervenir en su defensa activa y pasiva.